EXAMEN AYUDANTES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 2019

 

Una parte muy importante de esta oposición es conocer la legislación penitenciaria

S

1. Son derechos del interesado en el procedimiento administrativo, según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
A. Presentar siempre documentos originales.
B. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
C. Presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
D. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 242.h, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Reai Decreto 190/1996, de 9 de febrero, el instructor del expediente disciplinario formulará pliego de cargos dirigido al interno, en el que le hará constar el plazo para presentar pliego de descargos. Dicho plazo será de:
A. Tres días naturales para presentar alegaciones por escrito al director del Centro.
B. Cinco días hábiles desde el momento en que se emite el parte de hechos.
C. Cinco días hábiles a contar desde que se inicia el procedimiento.
D. Tres días hábiles desde el momento de la recepción del pliego de cargos.
3. indique la respuesta correcta. Respecto al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
A. Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican o no con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
B. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, las entidades sin personalidad jurídica.
C. Las Administraciones no podrán establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
D. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine en la ley.
4. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, los gastos ocasionados en territorio español por la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo serán a cargo del:
A. Estado Español.
B. Estado emisor.
C. Consejo de Europa.
D. Comité de Asistencia Judicial Europea.
5. La posibilidad de que el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro Penitenciario mediante dispositivos telemáticos, está expresamente recogida en:
A. En el artículo 82.2 del Reglamento Penitenciario.
B. En el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.
C. En el Artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
D. En el Artículo 104.2 del Reglamento Penitenciario.
6. Señalar cuál de los siguientes, no es un deber laboral de los internos trabajadores, según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios:
A. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo.
B. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales.
C. Contribuir a conseguir el cumplimiento de los fines de la relación laboral.
D. Participar en la organización y planificación del trabajo.

7. Indique cómo se denomina la línea que une el núcleo con el punto déltico para realizar la subfórmula de un dactilograma monodelto en el sistema penitenciario:
A. Línea nuclear.
B. Línea galtoníana.
C. Línea de crestas.
D. Línea lipoidal.
8. A tenor de lo dispuesto en el artículo 286 del Tratado  de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la respuesta correcta:
A. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de cinco años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un período de tres años.
B. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de cuatro años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de dos años.
C. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de tres años.
D. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis años y elegirán, de entre ellos, a un Presidente por un periodo de dos años.
9. Conforme al artículo 7 del Real Decreto 122/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ¿Cuál de los siguientes vocales no pertenecerá al Consejo de Administración de la Entidad?
A. El Jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior.
B. El Subdirector General de Inspección Penitenciaria.
C. El Subdirector General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
D. Un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior.
10. El artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Defensor del Pueblo Europeo es elegido por:
A. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
B. El Parlamento Europeo.
C. La Comisión.
D. El Consejo de la Unión Europea.

11. A tenor de lo dispuesto en el artículo 449.1 del Código Penal ¿cuál de los siguientes no está incluido como sujeto activo del delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia?
A. El Letrado de la Administración de Justicia.
B. El Juez.
C. El perito judicial.
D. El Magistrado.
12. Conforme al artículo 282.c del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servicios destinados al Centro Penitenciario, de acuerdo con las instrucciones del Centro Directivo, es función de :
A. La Junta Económico-Administrativa.
B. El Consejo de Dirección.
C. El Administrador junto con el Director.
D. Del Administrador exclusivamente.
13. Conforme establece el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciarlo, en su artículo 24, para proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad, se requiere:
A. La notificación del Director del establecimiento al Juez de Vigilancia con una antelación mínima de dos meses.
B. La elevación de la propuesta de libertad definitiva al Juez de Vigilancia con una antelación mínima de dos meses.
C. La elevación de la propuesta de libertad definitiva al Juez de Vigilancia con una antelación mínima de quince días.
D. La aprobación de la libertad definitiva por el Tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el Juez de Vigilancia.
14. Indique la respuesta correcta. Forman parte de la normativa penitenciaria:
A. La Ley Orgánica 1/1979, el Real Decreto 190/1996 y el Real Decreto 50/2018.
B. La Ley Orgánica 1/1979, el Real Decreto 190/1996 y el Real Decreto 839/2014.
C. La Ley Orgánica 1/1979, el Real Decreto 190/1996 y el Real Decreto 840/2011.
D. La Ley Orgánica 1/1979, el Real Decreto 109/1996 y el Real Decreto 840/2014.
15. El artículo 93.5 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, establece que el Consejo de Dirección elaborará las normas de régimen interior, entre otros, sobre los servicios de:
A. Actividades deportivas, formativas y ocupacionales.
B. Disposición de libros, duchas, peluquería, consulta médica y distribución de comidas.
C. Disposición de libros, revistas, periódicos, duchas, consulta médica y número de internos que pueden salir al patio.
D. Disposición de libros, revistas, periódicos y aparatos de radio y televisión.
16. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los sancionados por la comisión de una infracción muy grave:
A. Serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre uno y cinco años.
B. Serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre tres y diez años.
C. Serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años.
D. Serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre tres y cinco años.
17. De acuerdo con el aún vigente, artículo 287 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, entre las funciones atribuidas al Jefe de Servicios se encuentra:
A. Implementar las tareas atribuidas a la Oficina de Servicio interior.
B. Autorizar la salida temporal de los funcionarios de servicio de las Unidades donde lo tienen asignado, a otras Unidades, determinando en su caso su sustitución por otro funcionario e informar a su superior.
C. Cuidar de la disciplina general del Establecimiento y de que se realicen los servicios en la forma establecida.
D. Participar en los programas específicos que organice la Subdirección General de Seguridad.
18. Conforme a lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, los internos trabajadores que realicen actividades laborales no sometidas a turnicidad en talleres penitenciarios, tendrán derecho a un descanso semanal:
A. De día y medio ininterrumpido.
B. De dos días.
C. De un día.
D. De entre uno y tres días según fije el Consejo de Dirección.
19. ¿Cuál de los siguientes fines conforme a lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciarla, no es propio de la Central Penitenciaria de Observación?
A. Completar la labor de los Equipos de Observación y Tratamiento en sus tareas específicas.
B. Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el centro directivo.
C. Realizar una labor de investigación criminológica.
D. Asesorar a los directores de los centros sobre la clasificación de los penados.
20. Conforme a lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, las peticiones y quejas de los internos dirigidas al Defensor del Pueblo, sobre cuestiones que sean competencia de la Administración Penitenciaria, se podrán formular:
A. Exclusivamente si ya ha habido un pronunciamiento previo del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
B. Exclusivamente sobre asuntos que no sean competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Como cualquier otra petición o queja, y no podrán ser objeto de censura de ningún tipo.
D. En cualquier momento y se remitirá sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días.
21. Conforme al artículo 76.2.h, de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en relación con las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, con sede en la villa de Madrid:
A. No podrá recabar auxilio judicial para este cometido.
B. Podrá recabar el auxilio judicial de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del lugar donde radique el establecimiento que ha de ser visitado.
C. No podrá efectuarlas sin previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria del lugar donde radique el establecimiento que ha de ser visitado.
D. Sólo podrá recabar el auxilio judicial de los Jueces de Instrucción del partido judicial donde radique el establecimiento que ha de ser visitado.
22. Según lo establecido en el artículo 89.5 del Código Penal, ¿cuál es el plazo en el que un extranjero expulsado no podrá regresar a España?:
A. En un plazo mínimo de diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendida la duración de la pena sustituida.
B. En un plazo de más de diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
C. En un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
D. En un plazo de diez a quince años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
23. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 217 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero:
A. Se podrán autorizar, excepcionalmente, visitas de familiares hasta segundo grado de los internos graves que se encuentren en un Hospital extrapenitenciario.
B. Las visitas de familiares o allegados a los reclusos internados en un Hospital extrapenitenciario se regirán por las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario.
C. No cabe que se realicen, con carácter general, visitas de familiares o allegados a internos mientras estén ingresados en el Hospital extrapenitenciario.
D. Los familiares, allegados y amigos podrán, hasta un máximo de cuatro personas, visitar a los reclusos internados en un Hospital extrapenitenciario, previa autorización de las fuerzas de custodia y en las condiciones que determinen las autoridades del Hospital.

24. Conforme al artículo 273.h del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, entre las funciones de la Junta de Tratamiento, se encuentran:
A. Fijar el número de Equipos Técnicos del Centro Penitenciario y determinar su organización, funcionamiento y composición.
B. Determinar las áreas regimentales de participación de los internos en las actividades del Centro.
C. Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y la libertad condicional, les estén atribuidas.
D. Suspender, cuando las circunstancias lo aconsejen, la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas.
25. ¿En qué supuesto prevé el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, que el Centro Directivo acuerde el traslado de un interno penado a un Establecimiento de régimen cerrado, aunque no se haya producido todavía la resolución clasificatoria en primer grado?:
A. Conforme indica el artículo 91 en el supuesto de internos protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos.
B. Conforme indica el artículo 95.3, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión.
C. Conforme indica el artículo 91, en el supuesto de internos en los que se evidencie una peligrosidad extrema.
D. El artículo 95 no permite excepciones, es preceptiva la existencia previa de una resolución de clasificación en primer grado de tratamiento.
26. Según el artículo 9, de la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, de reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, para acceder a todos los Cuerpos Penitenciarios, es exigible el requisito específico de no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad:
A. Mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
B. El hecho de haber sido condenado impide el acceso haya o no hayan sido cancelados los antecedente penales.
C. Mayores de seis años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
D. Es indiferente el tiempo de condena privativa de libertad, siempre que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
27. Según establece el artículo 90.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario declarado en situación de suspensión de funciones, durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción:
A. No podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública.
B. No podrá prestar servicios en la Administración General del Estado, pero si en la Autonómica o Local al ser éstas administraciones territoriales.
C. No podrá prestar servicio en la Administración en la que le hayan suspendido, pero sí en otras administraciones que se rijan por leyes de función pública diferentes a la de la Administración sancionadora.
D. No podrá prestar servicio en ninguna Administración Pública, pero sí en agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ella.
28. ¿Cuál es el plazo máximo en el que se debe poner en libertad o entregar a la autoridad judicial a la persona detenida por el agente de la policía judicial, conforme al artículo 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
A. 12 horas.
B. 24 horas.
C. 48 horas.
D. 72 horas.

29. Conforme a! artículo 4.4 del Código Penal, si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere – apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ¿qué debe hacer el órgano judicial?
A. Acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia.
B. Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
C. Suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se’resuelva sobre la petición formulada.
D. Ordenará la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada.
30. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario, en su artículo 188, relativo al régimen de los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas, señale la respuesta incorrecta:
A. La separación en los distintos departamentos de que consten los Establecimientos o Unidades se hará en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.
B. Las restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las que sean necesarias en función del estado de salud de aquél o del éxito del tratamiento.
C. El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por Indicación del Director del Establecimiento y durante el tiempo mínimo imprescindible.
D. Las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en el Reglamento Penitenciario no serán de aplicación a los pacientes internados en estas instituciones.
31. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, éste cesará por determinadas causas. Señale cuál de ellas es la incorrecta.
A. Por renuncia.
B. Por expiración del plazo de su nombramiento.
C. Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito imprudente.
D. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimento de sus obligaciones y deberes del cargo.
32. Señale la respuesta incorrecta. Conforme a lo dispuesto en el Título XI (Delitos contra el Honor) del vigente –
Código Penal:
A. En los delitos de Injurias y calumnias hechas con publicidad será responsable civil subsidiarla la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.
B. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
C. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.
D. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociere o hubiere conocido.
33. Conforme al artículo 90 del Código Penal, la libertad condicional a un penado será concedida por:
A. El Tribunal sentenciador a quien le compete la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión.
B. El Juez de Vigilancia penitenciaria quien acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión.
C. El Tribunal sentenciador quien acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión siempre que el penado cumpla unos requisitos.
D. La Autoridad Judicial que juzgó y sentenció al penado y a cuya disposición se encuentra durante su internamiento.
34. En psicología de! aprendizaje de la conducta, según la teoría de Pavlov, ¿qué se entiende por condicionamiento clásico?:
A. Proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable (lo cual hace más factible que se repita la acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se repita la acción).
B. Teoría que define los métodos de evaluación de la conducta humana.
C. Proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada. _
D. Teoría que evidencia la importancia de la observación en el proceso de aprendizaje.
35. Según el artículo 18 del Código Penal, la provocación existe:
A. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
B. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
C. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
D. La provocación como forma de participación criminal fue derogada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal.
36. A tenor de lo dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿para qué personas la denuncia de un delito es un deber en nuestro ordenamiento jurídico?:
A. En todo caso, los perjudicados en los delitos semipúblicos, como por ejemplo en los delitos de agresión, acoso o abusos sexuales.
B. Quien presenciare la perpetración de cualquier delito público.
C. El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad.
D. Los abogados o procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes.
37. Según el artículo 426 del Código Penal, quedará exento de responsabilidad penal por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente, a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público:
A. Denunciare el hecho ante cualquier funcionario público antes de la apertura del juicio oral.
B. Denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del juicio oral siempre que no hayan transcurrido más de cuarenta días desde la fecha de los hechos.
C. Denunciare el hecho ante cualquier autoridad antes de la apertura del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de los hechos.
D. Denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.
38. Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben:
A. A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión o inhabilitación por más de 15 años.
B. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
C. A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de ocho años y que no exceda de diez.
D. A los cinco, los demás delitos, excepto los imprudentes y las amenazas y coacciones, que prescriben al año.
39. ¿Cuáles de los siguientes actos pueden ser considerados nulos de pleno derecho, según el art. 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
A. Los que lesionen los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española.
B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, del territorio o de la jerarquía.
C. Los que establezca expresamente una disposición con rango de ley.
D. Los que sean constitutivos de infracción penal pero no los que se dicten como consecuencia de ésta.
40. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la declaración de lesividad de los actos anulables:
A. La declaración de lesividad no podrá adoptarse en el plazo máximo de dos años desde que se dictó el acto administrativo.
B. La declaración de lesividad no podrá adoptarse en el plazo máximo de tres años desde que se dictó el acto administrativo.
C. Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
D. Transcurrido el plazo de seis meses desde la Iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
41. Según lo dispuesto en el artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, si las funcionarías víctimas de violencia de género solicitan pasar a la situación de excedencia:
A. Percibirán las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses.
B. Percibirán sus retribuciones íntegras exclusivamente durante el primer mes de excedencia.
C. Percibirán sólo las prestaciones familiares por hijo a cargo durante todo el tiempo que se encuentre en situación de excedencia.
D. En esta situación no perciben retribución alguna ya que las retribuciones están siempre vinculadas a la prestación de servicios.
42. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para garantizar el mantenimiento y la mejora de la salud de los establecimientos penitenciarios se observarán las normas de limpieza e higiene:
A. Que se establezcan por el Consejo de Dirección.
B. Que se establezcan por las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma.
C. Que se establezcan desde el Centro Directivo.
D. Que se establezcan por el responsable sanitario del Centro Penitenciarlo.
43. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 181.1 del Código Penal, el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, incurre en el delito de:
A. Acoso sexual.
B. Agresión sexual.
C. Abuso sexual.
D. Provocación sexual.
44. El conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos,
A. Constituye el concepto de régimen penitenciarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 73.1 del vigente Reglamento Penitenciario.
B. Constituye el concepto de régimen penitenciario conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria.
C. Constituye el concepto de régimen penitenciario conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica General Penitenciarla.
D. Tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 del vigente Reglamento Penitenciarlo.
45. Entre las anomalías congénitas que pueden aparecer en un dactilograma se encuentra la sindactilia, que
consiste en:
A. La falta de la primera falange de uno o más dedos.
B. La falta de uno o más dedos de la mano.
C. La ausencia de líneas papilares en algún dedo.
D. La unión de dos o más dedos por una membrana.
46. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el Art. 116. 2, de la Constitución y la Ley 4/1981 de 1 de junio, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se podría declarar dicho estado?
A. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
B. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28. 2 y 37. 2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones
contenidas en este artículos.
C. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional.
D. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
47. Conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuando algún interno sustraiga fondos o efectos del economato, será separado de dicho servicio y se le exigirá:
A. La responsabilidad pecuniaria que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penales en que hubiera podido incurrir.
B. La responsabilidad disciplinaria que proceda conforme a lo dispuesto en el Título XI del Reglamento.
C. La reparación del daño o deterioro causado, así como la indemnización que corresponda al daño causado.
D. La responsabilidad penal y civil subsidiaria que corresponda al daño causado.
48. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuando los funcionarios detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho indiciario de una posible perturbación de la vida normal del Centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de:
A. El Director.
B. El Jefe de Servicios.
C. El Subdirector de Seguridad.
D. La Comisión Disciplinaria.
49. Conforme al artículo 265.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria, para ordenar la gestión de los centros que dependan de las mismas, podrán:
A. Establecer los órganos colegiados o unipersonales que consideren convenientes.
B. Establecer un mínimo de tres órganos colegiados o unipersonales.
C. Establecer un máximo de tres órganos colegiados o unipersonales.
D. Determinar las funciones de los órganos colegiados según se dispone en el artículo 113.4 del Reglamento Penitenciario.
50. En el Art. 116 de la Constitución Española, se regula el estado de excepción. En cuanto a la duración del mismo, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta:
A. No podrá exceder de treinta días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos.
B. Dado la excepcionalidad de la medida ésta tendrá efectos hasta el restablecimiento de la normalidad y en ningún caso podrá superar quince días.
C. No podrá exceder de veinte días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos.
D. No podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
51. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de Octubre, del Tribunal Constitucional, no están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás leyes del Estado:
A. Cincuenta Senadores.
B. El Defensor del Pueblo.
C. El Presidente del Gobierno.
D. El Fiscal General del Estado

52. Conforme al artículo 6 del Real Decreto 122/2015 de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. ¿Cuál de las siguientes funciones le corresponde al Presidente de la Entidad?
A. Ejercer las atribuciones que le corresponden como órgano de contratación de la entidad.
B. Aprobar anualmente el inventario de bienes y derechos, tanto propios como adscritos, excepto los de
carácter fungible. ,
C. La dirección, impulso y gestión de las acciones de formación para el empleo y la inserción laboral de los reclusos.
D. Aprobar el Plan de actuación de la Entidad en coordinación con el de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarlas.
53. A tenor de lo dispuesto en el artículo 51.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en la unidad de recepción de paquetes, aquellos artículos que no hayan sido autorizados y el remitente no se haya hecho cargo de ellos, deberán ser relacionados en un listado en el tablón de anuncios al público, con la advertencia de que serán destruidos si no se retiran en el plazo de:
A. Quince días.
B. Veinte días.
C. Diez días.
D. Diez días hábiles.
54. Tal y como dispone el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado:
A. Por los nueve miembros del Comité Ejecutivo.
B. Por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro.
C. Exclusivamente por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros cuya moneda sea el euro.
D. Por tres miembros del Tribunal de Cuentas nombrados por la Comisión, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios.
55. Conforme al artículo 5 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, cuál de los siguientes no es un órgano de dirección.
A. El Presidente.
B. El Consejo de Dirección.
C. El Consejo de Administración.
D. El Director-Gerente.
56. Contra el auto que deniegue el procesamiento cabe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente:
A. Recurso de reforma y subsidiario de apelación.
B. Recurso de reforma.
C. Recurso de apelación exclusivamente.
D. Recurso de súplica.
57. E! procedimiento abreviado regulado en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con:
A. Pena privativa de libertad que en ningún caso sea superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas cualquiera que sea su cuantía o
duración.
B. Pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas cualquiera que sea su cuantía o duración.
C. Pena privativa de libertad o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza no superiores a diez años.

D. Pena privativa de libertad no superior a cinco años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas siempre que superen los diez años.

58. Conforme al artículo 321 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿quién autoriza las transferencias de dinero del fondo de peculio de un interno a su familia o a otras personas?
A. El Director del centro penitenciario o la persona en quién él delegue.
B. El Administrador del centro penitenciario.
C. El Gestor Económico Administrativo.
D. El funcionario de servicio en la Oficina de Peculio.
59. Señale la respuesta incorrecta. El artículo 390 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:
A. Suponiendo en un acto la Intervención de personas que no la han tenido.
B. Atribuyendo a las que han intervenido en un acto declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
C. Alterando un documento en cualquiera de sus elementos aunque no sea esencial.
D. Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
60. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Penal, con relación a la provocación, conspiración y proposición:
A. Caben en los delitos de homicidio y asesinato.
B. Caben en el delito de asesinato, pero no en el de homicidio.
C. Solo caben en el delito de homicidio.
D. La conspiración no cabe en el delito de homicidio.
61. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 163.1 del Código Penal, el particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, incurre en delito de:
A. Secuestro.
B. Retención ilegal.
C. Detención ¡legal.
D. Coacción ilegal.
62. Conforme al artículo 87.3 de la Constitución Española, ¿cuántas firmas son necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular para modificar la vigente Ley orgánica del Código Penal?
A. No menos de 500.000 firmas acreditadas.
B. No menos de 600.000 firmas acreditadas.
C. El artículo 87.3 no permite tal posibilidad.
D. Sólo sería posible para determinados tipos delictivos.
63. Según el artículo 16 del Código Penal hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que:
A. Subjetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas dependientes de la voluntad del autor.
B. Subjetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
C. Objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.
D. Objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas dependientes de la voluntad del autor.
64. Según dispone el artículo 21 del Código Penal, es circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal:
A. La de haber procedido el culpable, con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral, a confesar la infracción a las autoridades.
B. La de haber procedido el culpable a disminuir el daño ocasionado a la víctima o reparar sus efectos, con posterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
C. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido obcecación.
D. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que guarde proporción con la complejidad de la causa.
65. Conforme al artículo 192.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, determina que, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración:
A. Podrá optar por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
B. Deberá proceder a la resolución del contrato. ,
C. Deberá proceder a la imposición de penalidades,.
D. Valorará este hecho en el caso de adjudicación de otros contratos al contratista.
66. Según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, los voluntarios tienen entre sus derechos:
A. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.
B. Participar en las tareas formativas previstas por la entidad del voluntariado para las actividades y funciones confiadas.
C. Obtener diploma acreditativo de la entidad de voluntariado, donde conste el valor social de su contribución y las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejercicio de su labor de voluntariado.
D. Estar cubiertos, a cargo de la entidad de voluntariado, de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio de la acción voluntaria y de responsabilidad civil en los casos en los que la legislación sectorial lo exija, a través de un seguro u otra garantía financiera.
67. Según el artículo 2.2, de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en la misma, serán de aplicación a:
A. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
B. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre en territorio español, siempre que sea española y resida en España.
C. Toda persona física o jurídica de nacionalidad española, cuando se encuentre o actúe en el extranjero.
D. Las mujeres y los hombres que residan exclusivamente en España.
68. El artículo 159 de la Constitución Española, recoge la composición de los miembros del Tribunal Constitucional. Señale la opción incorrecta:
A. 4 miembros a propuesta del Congreso.
B. 2 miembros a propuesta de cada una de las Cámaras.
C. 2 miembros a propuesta del Gobierno.
D. 2 miembros a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
69. ¿Qué exige el artículo 102.2 de la Constitución Española, para plantear y aprobar la exigencia de responsabilidad criminal al Presidente del Gobierno, si la acusación fuere por delito de traición o cualquier delito contra la Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones?
A. 2/3 partes de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
B. 1/4 parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
C. 2/3 partes de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
D. 1/4 parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
70. Según la redacción dada por el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal laboral de la Administración Pública, ¿Se puede considerar empleado público?
A. No, sólo se consideran empleados públicos los funcionarios de carrera, interinos y eventuales.
B. Sí, pero sólo cuando tengan un contrato fijo por tiempo indefinido.
C. Sí, ya sean fijos por tiempo indefinido o temporal.
D. No, ya que al personal laboral le es de aplicación exclusivamente el III Convenio Único de la Administración.
71. Según el artículo 48.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiar dentro del segundo grado de consanguineidad o afinidad tendrá una duración de:
A. Un día hábil si el suceso se produce en la misma localidad, y dos cuando se produce en localidad distinta.
B. Tres días hábiles si el suceso se produce en la misma localidad y cinco cuando sea en distinta localidad.
C. Dos días hábiles si el suceso se produce en la misma localidad y cuatro si tiene lugar en otra localidad.
D. Un día hábil si el suceso se produce en la misma localidad, no teniendo derecho a día alguno cuando se produce en distinta localidad.
72. Basado en la teoría de la «subcultura delincuente», formulada por COHEN (1955), el código del recluso, su jerga, lenguaje y subcultura, pertenece a:
A. La organización y el control formal de la prisión.
B. La organización informal de la prisión.
C. Indistintamente a una u a otra.
D. Ninguna de las dos, ni la formal, ni la informal.
73. Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.1 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites de una provincia:
A. Deberá ser aprobada por Ley del Congreso a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
B. Deberá ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley ordinaria.
C. Deberá ser aprobada por la Asamblea de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca, mediante una disposición con rango de Ley.
D. Deberá ser aprobada por las Cortes Generales mediante una Ley Orgánica.
74. Según el artículo 49.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en los casos de parto prematuro el permiso por parto se ampliará:
A. Por un máximo de dieciséis semanas adicionales, es decir, por la misma duración que el propio permiso de parto.
B. En tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
C. La ampliación se producirá sólo y exclusivamente cuando la situación del neonato sea de extrema gravedad hasta un máximo de diez semanas.
D. En tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado sin límite alguno.
75. Según el artículo 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la autorización o denegación de compatibilidad de un funcionario de la Administración General del Estado, para un segundo puesto o actividad en el sector público, corresponde:
A. A la Subsecretaría del Departamento Ministerial del que dependa el funcionario.
B. A las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno.
C. Al Ministerio de la Presidencia a propuesta de la Subsecretaría del Departamento correspondiente.
D. A la Subdirección General de Recursos Humanos de cada Ministerio.
76. Según el artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la prescripción de las sanciones impuestas por faltas graves, se producirá:
A. Transcurridos dos años desde la firmeza de la resolución sancionadora.
B. Transcurrido un año desde la notificación al interesado de la resolución sancionadora.
C. Transcurridos dos años desde la fecha en que se cometió la infracción.
D. Transcurrido un año desde la finalización del cumplimiento de la sanción.
77. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en los casos de repetición de la infracción:
A. Las sanciones se incrementarán en la mitad de su máximo.
B. Las sanciones habrán de cumplirse incrementadas en un tercio.
C. La infracción se sancionará con la máxima cuantía prevista reglamentariamente.
D. Las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo.

78. Conforme dispone el artículo 60.1 del Código Penal, cuando después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la
pena:
A. El tribunal sentenciador suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que le hubiere sido
impuesta. .
B. Procederá el cumplimiento íntegro de la pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario que corresponda.
C. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privativa de libertad que le hubiere sido impuesta.
D. La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria para que determine el destino que corresponda.
79. Conforme a lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se definen los economatos de los Establecimientos Penitenciarios como un servicio prestado por la institución penitenciaria a los internos que permite disponer de un sistema de adquisición de productos:
A. De naturaleza sustitutiva a los facilitados por la propia Administración penitenciaria.
B. De naturaleza complementaria a los facilitados por la propia Administración penitenciaria.
C. De naturaleza sustitutiva a los facilitados por la propia Administración penitenciaria para la alimentación.
D. Que se determinará por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
80. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿Puede crearse en un Tribunal — Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma, una Sala de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción limitada a una sola de sus provincias?
A. No, ya que el Tribunal Superior de Justicia extiende su jurisdicción al ámbito territorial de toda la Comunidad Autónoma.
B. Sí, con carácter general, a propuesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
C. No, ya que en el ámbito de la provincia tiene su jurisdicción la Audiencia Provincial.
D. Sí, con carácter excepcional, cuando el número de asuntos procedentes de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran.
81. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta:
A. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas no pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley.
B. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de una proposición de ley, delegando un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
C. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán presentar en la mesa del Congreso un proyecto de ley.
D. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
82. Según establece el artículo 56.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, entre los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos consta el de:
A. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad establecida para la jubilación voluntaria por el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
B. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
C. Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
D. Tener cumplidos 18 años, no estableciendo edad máxima alguna para poder participar.

83. Conforme al artículo 193.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en qué supuestos el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades:
A. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.
B. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 10 por 100 del precio del contrato, IVA incluido.
C. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.
D. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA incluido.
84. Según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, los voluntarios están obligados a:
A. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario en la que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participa.
B. Comunicar cualquier contraprestación material o económica que pudieran recibir, bien de las personas destinatarias de la acción voluntaria, bien de otras personas relacionadas con su acción voluntaria.
C. Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria.
D. Aportar los recursos materiales que les requiera la entidad de voluntariado.
85. El artículo 42.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que:
A. La Administración penitenciaria proporcionará medidas de seguridad a la víctima cuando el agresor vaya a disfrutar un permiso de salida.
B. En esta Ley no existe ningún artículo referido a la Administración penitenciaria.
C. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género.
D. Los programas dirigidos a los condenados por delitos relacionados con la violencia de género se establecen en el Reglamento Penitenciario.
86. De acuerdo con el art. 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación al Portal de Transparencia, indique el principio al que corresponde la siguiente definición: «Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.»
A. Reutilización.
B. Accesibilidad.
C. Gratuidad.
D. Interoperabilidad.
87. De acuerdo con el art. 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información a la que se pretende acceder, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de:
A. 10 días.
B. 15 días.
C. 20 días
D. La ley no fija plazo, por lo que será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
88. En relación a los lugares donde se pueden presentar los documentos que los interesados dirijan a las Administraciones Públicas según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:
A. Exclusivamente en las oficinas de Correos
B. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares extranjeras en España.
C. Solamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
D. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
89. Señale en qué artículo de Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se regula la conversión de actos viciados:
A. En el artículo 49.
B. En el artículo 50.
C. En el artículo 51. .
D. En el artículo 52.
90. Conforme al Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en su artículo 232, al enunciar los principios de potestad disciplinaria prohíbe expresamente:
A. La reducción o revocación de sanciones.
B. La aplicación analógica.
C. La sanción de hechos que pudieran ser constitutivos de delito.
D. La suspensión de las sanciones de aislamiento.
91. Conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no le corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria:
A. Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.
B. Autorizar la suspensión de comunicaciones orales cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes puedan estar preparando alguna actuación delictiva.
C. Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días.
D. Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.
92. Conforme al Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario en su artículo 188.4, no serán de aplicación las disposiciones relativas al régimen disciplinario a:
A. Los internos durante las salidas de permiso u otras salidas autorizadas.
B. Los internos en tratamiento de drogodependencias.
C. Los pacientes internados en los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas.
D. Los enfermos convalecientes de enfermedad grave y las madres lactantes.
93. En relación con el procedimiento de concesión de permisos de salida, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en su artículo 160 establece que:
A. Solo en el caso de permisos extraordinarios es preceptivo la solicitud del interno puesto que en estos casos no es necesario el informe del Equipo Técnico.
B. La solicitud de un permiso ordinario o extraordinario que formule el interno, será informada por el Equipo Técnico y a la vista de dicho informe, la Junta de Tratamiento acordará la concesión o denegación del permiso.
C. Cuando se den los requisitos objetivos exigidos para el disfrute del permiso ordinario no es preceptivo que el Equipo Técnico informe sobre dichos requisitos.
D. En los casos de solicitud de permisos extraordinarios el Equipo Técnico puede autorizar su concesión por la urgencia de la situación.
94. El modulo retributivo en virtud del cual se determina el salario de los internos trabajadores, según establece el artículo 15 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, se determina:
A. Anualmente por el Consejo de Dirección del Establecimiento.
B. Semestralmente por el Gerente de la Entidad Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
C. Anualmente por el Consejo de Administración de la Entidad Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
D. Semestralmente por el Presidente de la Entidad Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

95. Las normas de funcionamiento interno que recoge el Reglamento Penitenciario para las Unidades Dependientes previstas en su artículo 80. Apartado l.c), se aprobarán por:
A. El Consejo de Dirección del Centro Penitenciario previo informe de la Junta de Tratamiento.
B. Orden Ministerial o resolución autonómica equivalente, tras la suscripción del correspondiente acuerdo o
convenio de colaboración entre la Administración Penitenciaria y otras Instituciones dedicadas a la resocialización de los internos. –
C. Exclusivamente por Orden Ministerial tras la constitución de la Unidad Dependiente.
D. Por el Centro Directivo a propuesta de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.
96. El artículo 69.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece que las tareas de observación, clasificación y tratamiento, las realizarán:
A. Equipos cualificados de especialistas, cuya composición y funciones se determinan en el Estatuto Orgánico de Funcionarios, contando con la colaboración del número de educadores necesarios.
B. Equipos cualificados de especialistas, no siendo imprescindible que tengan la consideración de
funcionarios.
C. Los profesionales que pertenecen a las Organizaciones No Gubernamentales.
D. Equipos cualificados de especialistas, no siendo imprescindible que tengan la consideración de
funcionarios excepto en los equipos multidisciplinares de los centros especiales.
97. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, un juez podrá ordenar al Director del Establecimiento cuantas salidas a diligencias judiciales considere oportunas de los internos presos a su disposición:
A. Con la antelación mínima de treinta días si el preso estuviera interno en un centro penitenciario de otra provincia, ya que es precisa la autorización del Juez de Vigilancia competente.
B. Con la autorización previa del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente.
C. Con el conocimiento previo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria competente.
D. Directamente cuando el interno estuviera recluido en la misma provincia o localidad.
98. Que el cacheo con desnudo integral al interno se efectuará por funcionarios del mismo sexo, viene expresamente recogido en:
A. El apartado 32 del artículo 68 del Reglamento Penitenciario.
B. El artículo 23 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979.
C. El apartado 22 del artículo 23 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979.
D. El apartado 32 del artículo 65 del Reglamento Penitenciario.
99. La posibilidad de realizar un cacheo con desnudo integral, a los familiares o allegados que acudan a comunicar con un interno, está expresamente regulada en:
A. El artículo 68 del Reglamento Penitenciario dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
B. El artículo 68 del Reglamento Penitenciario previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. El artículo 45 del Reglamento Penitenciario. Y en el caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a efecto.
D. El artículo 68 del Reglamento Penitenciario, con autorización del Jefe de Servicios.
100. De acuerdo con el art. 31.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el órgano competente para imposición de sanciones será:
A. El Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
B. El Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de Director General.
C. El Consejo de Ministros cuando el responsable tenga la condición de Presidente o Magistrado del Tribunal Supremo.
D. El Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo que tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
101. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
A. Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
B. Los contratos gratuitos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
C. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
D. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades excluidas en la relación enumerada en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
102. Conforme al artículo 22 del Código Penal no es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal:
A. Ejecutar el hecho con premeditación.
B. Ejecutar el hecho con alevosía.
C. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
D. Obrar con abuso de confianza.
103. Según el artículo 33 del Código Penal, son penas menos graves:
A. Las inhabilitaciones especiales hasta ocho años.
B. La multa de más de tres meses.
C. La multa proporcional en todo caso.
D. Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta días a un año.
104. Según el artículo 36 del Código Penal, la clasificación del condenado a prisión permanente revisable en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:
A. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VIII del Título XXIII del Libro II del Código Penal.
B. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VI del Título XXI del Libro II del Código Penal.
C. Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo Vil del Título XXII del Libro II del Código Penal.
D. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en todos los casos.
105. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad y de Localización Permanente en Centro Penitenciario, de determinadas medidas de Seguridad, así como, de la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad y sustitución de penas, señale la opción correcta:
A. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración Penitenciaria, debiendo remitir mensualmente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
B. Al citar al penado, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas le advertirán de las consecuencias de su comparecencia.
C. En los supuestos de incomparecencia no justificada los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, remitirán los testimonios oportunos a las Fuerzas de Seguridad para que procedan a la detención del penado.
D. Realizada la valoración por los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, se elaborará el plan de ejecución dándose traslado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su control, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
106. A tenor de lo establecido en el artículo 96 del Código Penal, no es una medida de seguridad:
A. La inhabilitación profesional.
B. La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en España.
C. La custodia familiar.
D. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

107. De acuerdo con el artículo 115.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la interposición de un recurso se deberá expresar, entre otros:
A. La calificación jurídica del recurso.
B. El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
C. índice de documentos en los que basa el recurrente su petición.
D. Órgano y funcionario al que se dirige y sus correspondientes códigos de identificación.
108. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser:
A. Desconcentradas en otros no jerárquicamente dependientes de aquéllos, en cualquier caso.
B. Desconcentradas en otros no jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
C. Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, en cualquier caso.
D. Desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
109. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 139 del Código Penal, es reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
A. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
B. Para herir los sentimientos religiosos de la comunidad.
C. Mediando premeditación.
D. El fallecido sea una persona discapacitada.
110. A tenor de lo establecido en el artículo 130 del Código Penal no es causa de extinción de la responsabilidad criminal:
A. La remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
B. El indulto.
C. La prescripción de la medida de seguridad.
D. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica.
111. Señale la respuesta incorrecta. A los efectos del artículo 181.2 del Código Penal se consideran abusos sexuales no consentidos.
A. Los que se ejecuten sobre persona que se hallen privadas de sentido.
B. Los que se ejecuten sobre persona de cuyo trastorno mental se abusare.
C. Los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos.
D. Cuando se cometan sin prevalerse de una situación de superioridad.
112. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, la acción penal puede ser ejercida por:
A. El Ministerio Fiscal, que tiene el monopolio de dicha acción.
B. Los ofendidos del delito únicamente.
C. Cualquier persona que no sea el ofendido del delito, ya que su representación la asume siempre el Ministerio Fiscal.
D. Todos los ciudadanos españoles, con arreglo a las prescripciones de la Ley.
113. Conforme a la teoría del condicionamiento operante de Skinner, la aplicación del refuerzo negativo:
A. Provocará la extinción de la conducta.
B. Provocará el incremento de la frecuencia o tasa de ocurrencia de la conducta.
C. Provocará la disminución de la frecuencia o tasa de ocurrencia de la conducta.
D. No afecta a la tasa base de la conducta.

114. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, los gastos de traslado de personas condenadas correrán a cargo de:
A. Cada Estado abona la parte correspondiente al traslado en su territorio.
B. Del Estado de emisión.
C. Del Consejo de Europa.
D. Del Comité de Asistencia Judicial Europea.
115. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, la detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por:
A. La Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
B. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislación en materia de responsabilidad penal de menores.
C. El artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
D. La normativa reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad propios de cada Estado miembro.
116. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 223 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, ¿por qué motivo no se permitirá la entrada de alimentos perecederos por aquellos conductos que pudieran alterar sus características y comprometer la salud de los consumidores?
A. Para evitar la manipulación y deterioro en los cacheos.
B. Por razones de seguridad interior.
C. Por razones de salud pública.
D. Para salvaguardar el control y calidad de los suministros de los productos que se expenden en los economatos del centro penitenciario.
117. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 230 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la Autoridad Penitenciaria facilitará que los fieles, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del centro y los derechos fundamentales de los restantes internos:
A. Puedan respetar la alimentación y su reparto horario en la forma prescrita por su respectiva confesión.
B. Puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión.
C. Puedan respetar el reparto horario de racionados de manera acorde con su confesión.
D. Puedan respetar la elaboración del racionado y reparto del mismo en la manera que disponga su respectiva confesión.
118. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, a los detenidos y presos:
A. Se les formula un programa individualizado de tratamiento.
B. Se les elabora un modelo individualizado de intervención.
C. Se les formula una propuesta de derivación tratamental.
D. Se les incluye en un grupo terapéutico multidisciplinar.
119. Indique la respuesta correcta. La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria regula los derechos de los internos en el:
A. Artículo 2.
B. Artículo 3.
C. Artículo 4.
D. Artículo 7.
120. En relación a la emisión de informes en el seno del procedimiento administrativo, de acuerdo con el artículo 80,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición en contrario, indicar el carácter de los informes:
A. Determinante.
B. Vinculante y preceptivo.
C. Facultativo y vinculante.
D. No vinculante y facultativo.

121. De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de carácter sancionador el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, acordando el archivo de las actuaciones sin formular propuesta de resolución, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
A. La existencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
B. Los autores no estén exentos de responsabilidad. _
C. Los hechos probados constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
D. No exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables.
122. Conforme al artículo 73.3, de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál es la fase del procedimiento de la gestión de los gastos mediante la que se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable?
A. Reconocimiento de la obligación.
B. Compromiso de gasto.
C. Ordenación del pago.
D. Aprobación del gasto.
123. Señale la respuesta incorrecta. 5egún el artículo 180 del Código Penal, se agravará la pena impuesta en los delitos de agresión sexual cuando:
A. La violencia o intimidación revista un carácter particularmente degradante o vejatorio.
B. Los hechos se comentan por la actuación conjunta de dos o más personas.
C. Para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
D. Interviniere engaño o se abusare de una posición reconocida de confianza o influencia sobre la víctima.
124. El psicólogo social E. Goffman, (1961) considera a las prisiones como «Instituciones totales», cuyas características son:
A. Sometimiento a una sola autoridad, separadas del entorno habitual y dependencia en todos los aspectos de la vida del recluso.
B. Sometimiento a una sola autoridad, asunción de responsabilidades personales y capacidad de decisión de cada recluso en todos los aspectos de su vida.
C. Sometimiento a diferentes autoridades, dependencia de ellas pero con capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes de la vida.
D. Sometimiento a una sola autoridad, incluidas en el entorno habitual e independencia en los aspectos de la vida del recluso.
125. Comete un delito contra la libertad individual tipificado en el artículo 533 del Código Penal:
A. El funcionario penitenciario que impusiere a los internos sanciones en contra de su voluntad.
B. El funcionario penitenciario que usare con los internos el rigor necesario.
C. El particular que en un centro penitenciario impusiere a los internos privaciones indebidas.
D. El funcionario penitenciario que impusiere a los internos sanciones indebidas.
126. Conforme al artículo 506 del vigente Código Penal, la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, comete un delito de:
A. Prevaricación.
B. Obstrucción a la Justicia.
C. Usurpación de atribuciones.
D. Realización arbitraria del propio derecho.
127. De los que se indican a continuación, ¿cuál no es un delito de los incluidos en el Título XIX (Delitos contra la Administración Pública) del vigente Código Penal?
A. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos.
B. Desobediencia y denegación de auxilio.
C. Violación de secretos.
D. Omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

128. ¿Quién puede ser sujeto activo del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal?
A. El Juez o Magistrado.
B. La autoridad o funcionario público.
C. Las autoridades y los abogados, exclusivamente.
D. Autoridades judiciales y fedatarios públicos.
129. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de:
A. La misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades.
B. La misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades.
C. Cualquier Administración, siempre que suponga cesión de titularidad de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia.
D. Distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades.
130. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 468.3 del Código Penal, no llevar consigo el dispositivo técnico que hubiera sido dispuesto para controlar el cumplimiento de la pena:
A. No es constitutivo de delito.
B. Es constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena.
C. Es constitutivo de un delito de desobediencia.
D. Es constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia.
131. Indique la respuesta correcta. Que las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, se recoge en el:
A. Artículo 25 de la Constitución Española.
B. Artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
C. Artículo 1 del vigente Reglamento Penitenciario.
D. Artículo 9 de la Constitución Española y Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
132. Indique la respuesta correcta. El conjunto de relaciones jurídicas entre la administración penitenciaria y las personas que se encuentran detenidas, presas o penadas en el interior de los centros penitenciarios se denomina:
A. Relación de sujeción sumisiva.
B. Relación de supremacía jurídica.
C. Relación de sujeción especial.
D. Relación de dependencia funcional.
133. Según la conducta socialmente habilidosa, definida por V. Caballo (1993) se consideran actuaciones profesionales correctas con el interno que presenta riesgo suicida:
A. No preguntarle por sus intenciones o ideas suicidas.
B. Adoptar una actitud distante, crítica y restarle Importancia.
C. Descalificar o criticar las intenciones o acciones manipuladoras que suelen emplear.
D. Animar al interno a expresar ideas y sentimientos, analizar el problema y plantear soluciones y acordar un seguimiento y derivación a profesionales especializados.
134. Las técnicas verbales de aserción más importantes son:
A. La escucha activa.
B. La utilización de los gestos, las miradas y la postura.
C. La disposición del cuerpo y las manos.
D. El disco rayado, uso de la primera persona, punto de coincidencia, preguntar las razones, presentar los propios sentimientos y la secuencia hechos-consecuencias y finalizar la discusión.
135. Indique la respuesta correcta. A tenor de lo previsto en el artículo 230.4 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en todo lo relativo a la asistencia religiosa de las diferentes confesiones religiosas de los internos se estará a lo establecido en:
A. La normativa interior del centro penitenciario.
B. Los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.
C. Los acuerdos alcanzados entre las diferentes confesiones religiosas y el Centro Directivo.
D. Los convenios suscritos entre las diferentes ‘confesiones religiosas y los centros penitenciarios, que deberán quedar plasmados en la normativa interior.de cada uno de los establecimientos.
136. La entrevista al ingreso previa a la propuesta de clasificación interior que, conforme al artículo 20 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, han de emitir el Educador y el Trabajador Social respecto a los detenidos o presos una vez admitidos en un establecimiento penitenciario, habrá de realizarse:
A. En todo caso, respetando los criterios recogidos en el artículo 98 del Reglamento Penitenciario.
B. Exclusivamente en los supuestos recogidos en el artículo 99 del Reglamento Penitenciario.
C. En el plazo de cinco días salvo motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
D. En todo caso, pero respetando io establecido en los supuestos de incomunicación por orden judicial.
137. Los efectos psicológicos que se han descrito como consecuencia de la prisionización, según CLEMMER, son:
A. Aumento del grado de dependencia, despersonalización, devaluación de la propia imagen y la autoestima, aumento de los niveles de dogmatismo y estados de ansiedad generalizada.
B. Aumento del nivel de madurez personal, aprendizaje de nuevas capacidades.
C. Aumento del grado de dependencia, mejora de la autoimagen y el autoconcepto.
D. Aumento de grado de independencia social, madurez y responsabilidad personal.
138. En cuales de los siguientes supuestos el Jefe de Servicios no podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, en uso de la facultad que le atribuye el apartado 1 del artículo 44 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario:
A. Cuando la comunicación oral se celebre con los Adjuntos o Delegados del Defensor del Pueblo.
B. Cuando la comunicación oral se celebre con los representantes diplomáticos o consulares que correspondan a la nacionalidad del interno.
C. Cuando la comunicación oral se celebre con profesionales acreditados conforme al artículo 49.5 del Reglamento Penitenciario.
D. El Reglamento Penitenciario sólo exime de la posibilidad de ser suspendidas a las comunicaciones orales o escritas con la Autoridad Judicial.
139. El uso de los medios coercitivos recogidos en el artículo 72 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, requiere:
A. Autorización previa por el Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan y su inmediata comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
B. Haber sido ordenado previamente por el Director y autorizado por ei Juez de Vigilancia Penitenciaria.
C. Sólo cabe cuando haya sido ordenado previamente por el Director y comunicado con posterioridad al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
D. Autorización previa del Jefe de Servicios, salvo que razones de urgencia no lo permitan.
140. ¿En qué supuesto permite la normativa penitenciaria e! uso de armas de fuego por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias?:
A. En los supuestos previstos en la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
B. En todos los supuesto de graves alteraciones del orden recogidos en el artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario.
C. El artículo 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria no prevé excepciones a la prohibición de uso de armas de fuego por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
D. En el supuesto de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas del artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario.
141. Ei acuerdo de aplicación del régimen cerrado a detenidos y presos será objeto de revisión conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero
no podrá demorarse más de:
A. Tres meses.
B. Seis meses.
C. Dos meses.
D. Un mes. ‘
142. En el artículo 110, apartado b) del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, está regulado que para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad la
Administración Penitenciaria:
A. Contará con la conformidad del interno para diseñar los programas formativos orientados a desarrollar sus
aptitudes.
B. Utilizará los programas y técnicas de carácter psicosocial orientadas a la cura de la personalidad.
C. Utilizara los programas y técnicas psicosociales orientadas a mejorar las capacidades del interno y abordar las problemáticas específicas que han influido en el comportamiento delictivo.
D. No necesitará diseñar programas formativos, bastando con fomentar las capacidades que ya posee el
interno.
143. Conforme a io dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, serán de aplicación a los internos preventivos las normas previstas para los Establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado, a propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo, para lo que se requerirá, al menos, los informes del:
A. Subdirector de Régimen y del Equipo Técnico.
B. Jefe de Servicios y del Equipo Técnico.
C. Director y del Subdirector de Seguridad.
D. Subdirector de Tratamiento y del Subdirector de Seguridad.
144. Según lo dispuesto en el artículo 76.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996,
de 9 de febrero, en ¡os Establecimientos de régimen ordinario, tendrán la consideración de actividad básica en la
vida de! Centro: ‘
A. La seguridad, orden y disciplina.
B. Las actividades culturales, deportivas y recreativas
C. El trabajo y la formación.
D. La búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro.
145. Queda recogido en el artículo 116.4, del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que la Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad sexual, cuyo seguimiento:
A. Sera siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos afectados en los Centros
Penitenciarios.
B. Sera obligatorio si es recogido por el programa de intervención tratamental y atendiendo a la gravedad del
delito.
Ci1 una primera parte del desarrollo será obligatorio y posteriormente será voluntario.
D. Sera obligatorio o voluntario dependiendo de la personalidad del interno y atendiendo a la gravedad del
delito.
A tenor del artículo 118.1 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se establece que las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas, se determinarán:
A. Por el Consejo de Dirección, teniendo en cuenta los planes del Centro Directivo a partir de los programas
individualizados elaborados por la Junta de Tratamiento. »
B. Por la Junta de Tratamiento de cada Centro.
C. Por el Centro Directivo para todos los Establecimientos Penitenciarios.
D. Por la Junta de Tratamiento, teniendo en cuenta los planes del Centro Directivo a partir de los programas individualizados elaborados por el Equipo Técnico.
147. El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, en el artículo 154 establece sobre los permisos de salida que:
A. Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos ordinarios y extraordinarios, de hasta siete días de duración, como preparación para la vida en libertad.
B. Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento permisos ordinarios de hasta ocho días de duración, como preparación para la vida en libertad, siempre que los internos hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta.
C. Se podrán conceder permisos ordinarios, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, de hasta siete días de duración, como preparación para la vida en libertad a los condenados clasificados en segundo o tercer grado, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta.
D. Se podrán autorizar por la Junta de Tratamiento permisos ordinarios y extraordinarios siempre que exista un informe preceptivo del Equipo Técnico.
148. Entre los requisitos que se señalan en el artículo 155 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para la concesión de permisos extraordinarios de salida se requiere:
A. En el Reglamento Penitenciario no se establecen requisitos, ya que por importantes y comprobados motivos familiares, se podrán conceder a todos los internos, siempre que sea autorizado por el Tribunal Sentenciador.
B. Solo se podrán conceder a los internos preventivos por no poder disfrutar estos internos de permisos ordinarios.
C. Se podrán conceder permisos extraordinarios tanto a los preventivos como a los penados, siempre que no se superen los dos días de duración, previa comunicación al Centro Directivo.
D. Cuando se conceda un permiso extraordinario a internos clasificados en primer grado será necesaria la autorización expresa del Juez de Vigilancia.
149. El Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en su artículo 130.2, establece que, respecto a la Formación profesional y ocupacional, se organizarán cursos:
A. Siguiendo los criterios establecidos por las Juntas de Tratamiento.
B. Con arreglo a los planes existentes para los restantes ciudadanos en materia de formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral.
C. Con arreglo a los planes propios de la Institución Penitenciaria en materia de formación profesional.
D. En función del presupuesto y los recursos propios del Establecimiento Penitenciario.
150. Quién adjudica en cada Establecimiento, los puestos de trabajo a los internos trabajadores, según establece el artículo 3 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios:
A. La Junta de Tratamiento.
B. La Junta Económico-Administrativa.
C. El Equipo Técnico previo informe del coordinador de producción
D. La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

 

 

 

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